En México, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, especialmente para las generaciones más jóvenes. Comprar una casa parece un sueño lejano, y el alquiler en muchas ciudades ya no es una opción viable para quienes ganan sueldos promedio.

Los precios de la vivienda han aumentado aceleradamente en la última década, impulsados por la especulación inmobiliaria, el auge de plataformas de renta vacacional y la falta de regulación efectiva. Esto ha generado un mercado excluyente, donde solo unos pocos pueden acceder a una propiedad, mientras la mayoría sobrevive en condiciones precarias o con renta compartida.

En ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey, miles de jóvenes no pueden independizarse, a pesar de tener empleos formales. La causa es simple: el salario promedio no alcanza para cubrir una renta digna sin sacrificar otros gastos básicos. A eso se suma la escasez de vivienda social, los créditos inaccesibles para quienes no tienen historial y la falta de políticas públicas efectivas.

Lejos de solucionarse, el problema se agrava con cada año. La vivienda ya no es solo un bien económico, sino un tema de justicia social, de salud emocional y de futuro. La falta de hogar estable impacta en la calidad de vida, genera ansiedad y limita el desarrollo personal y profesional de toda una generación.

En un país donde se normaliza vivir con los padres hasta los 30 o más, urge una transformación estructural. Porque tener dónde vivir no debe ser un privilegio: debe ser un derecho garantizado para todos.